El prestigioso abogado Roberto Charris es defensor de Colbank. Hace parte de las victimas de DMG. Manifiesta que lo que pasa al interior de la superintendencia de sociedades debe ser revisado por las autoridades porque ellos son responsables de que hoy las victimas de DMG no tengan ningún tipo de reparación, por el contrario, en algunos casos han sido revictimisados por el Estado colombiano.
Las victimas tienen el derecho a reclamar que les devuelvan los recursos, la liquidadora de DMG María Mercedes Perry hoy es investigada por la Fiscalía tras de incurrir en presuntas irregularidades por un pleito por dos lotes en Bogotá avaluados en millones de pesos que hacen parte de la demanda de víctimas de DMG contra el Estado.
Han pasado trece años desde la captura de David Murcia Guzmán por conformar la pirámide más grande del país, DMG. Mediante esta se lavaron más de $4 billones y por ello fue extraditado a los Estados Unidos cumplió su pena y retornó al país. Ahora paga una condena en Colombia de 22 años de prisión en la carcel Tramacúa de Valledupar.
No obstante, y a pesar de la condena en firme por el delito de captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, a las víctimas de Murcia Guzmán no cesan en su batalla de intentar recuperar lo que perdieron. Acaban de radicar una nueva demanda en contra de la Nación y la Superintendencia de Sociedades en busca de que se les indemnice, por los malos manejos realizados por parte de la liquidadora estrella de Santos Maria Mercedes Perry y la ausencia de Estado para subsanar su error.
En la demanda reiteran que la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades María Mercedes Perry incluyó en la liquidación, erradamente estos tres lotes avaluados en más de $100.000 millones y públicamente informó que le pertenecían a DMG.
Esta apreciación detallada en la demanda, la hizo argumentando que en el año 2008 DMG le había girado $28.000 millones a Luis Eduardo Gutierrez Robayo y Juan Carlos Valencia con el propósito de que adquirieran esos lotes.
Luego de la intervención de la pirámide, Gutierrez y Valencia le informaron a las autoridades que el 3 de junio de 2008 habían suscrito una promesa de compraventa y que por esos lotes les habían pagado $28.000 millones.
En la promesa los vendedores estipularon una cláusula en la cual mencionaron que los lotes no se podían vender a una persona natural o jurídica que no estuviese vigilada por la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, dicho documento a pesar de que fue suscrito en junio de 2008, al momento de la captura de David Murcia Guzman, cinco meses después, en noviembre de ese mismo año, aún no se había elevado a escritura pública.
Por: Daniel Fernando Mejía Lozano /Corresponsal Bogotá
