Esta es una historia familiar. Una columna para analizar el árbol genealógico y las conexiones políticas que nacen de matrimonios amorosos. Y de matrimonios políticos. 

Sigamos con la pareja conformada por el exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la exseñorita Córdoba, Daniela Assis Fierro. 

Tal y como lo expuso en sus redes sociales el líder del Partido Verde, haciendo el famoso juego de “cómo empezamos” y “cómo vamos”, la relación entre Amaya y Assis empezó el 14 de mayo de 2016. En esa fecha el entonces gobernador le escribió una carta a Daniela diciéndole “la médico más hermosa del universo y sus alrededores”.

Pero entre cómo empezó y cómo van, pues van muy bien, ya que acaban de celebrar su cuarto aniversario el pasado 7 de abril. Aniversario de cuando se casaron en una extravagante boda, con más de 3.000 invitados, en la plaza de Villa de Leyva, como emulando su famoso Festival de las Luces. Y sí, se les fueron las luces, porque desde entonces han pasado varias cosas que merecen la atención.

La primera es la que mencioné en mi columna pasada: la llegada de extraños subcontratistas del departamento de Córdoba para ganar contratos en Boyacá, lo que generó una investigación por parte de la Contraloría, por un presunto cartel de estudiantes fantasma.

Como me lo aclaró el exgobernador Amaya en comunicación directa, el pasado 24 de marzo, la Contraloría General ordenó archivar la investigación por manejo de anticipos y destinación de recursos en el contrato que se ganó la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S.” de Lorica, Córdoba, para un contrato de servicios educativos y alfabetización para la tercera edad en Tunja, Boyacá.

La Contraloría ordenó desvincular al exgobernador Amaya del proceso de responsabilidad fiscal, pero estableció que sigue existiendo un daño fiscal por 114 millones de pesos, por los cuales se tiene que responder. El caso sigue ante la Fiscalía.

Este no es el único hecho que se ha denunciado en la región, con respecto a la súbita cercanía que se generó entre contratistas de Córdoba y el erario de Boyacá. Existen acusaciones de que Amaya intentó cambiar el personal médico del hospital regional de Sogamoso para traer médicos de Córdoba, argumentando que estos eran más profesionales y menos costosos. 

O que los Paes en Duitama, Sogamoso y Paipa, intentaron entregárselos a diferentes fundaciones basadas en Montería. Para el afamado investigador Carl Langebaek, el templo del Sol en Sogamoso era el centro del universo para los muiscas. Al parecer, para Amaya el talento de sus herederos no da la talla, por eso toca traer teguas de los alrededores. Pero esas son denuncias que merecen una profundización en próximas columnas.

Por ahora centrémonos en esta idílica historia familiar. Como se ha dicho antes, la esposa del exgobernador Amaya, Daniela Assis, es prima hermana del defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, oriundo de la ciudad de Montería, quien tiene nexos bastante cercanos con el clan García Pineda de ese departamento.

Carlos Camargo Assis está casado con María Paulina Pineda García, hija de la senadora conservadora Nora María García Burgos.

En 2006 Nora García llegó como fórmula a la Cámara de Representantes del excongresista conservador Julio Manzur Abdalá, cuando obtuvo un poco más de 18.000 votos. Esto le sirvió para impulsar en 2009 la victoria de su hijo Marcos Daniel Pineda García en la alcaldía de la capital departamental, Montería. Si este entramado le parece tan complejo al lector como un tejido de cañaflecha, o de lana boyacense, ya va entendiendo.

Desde ahí, el poder electoral de García ha coincidido con las victorias en las elecciones a la Alcaldía de Montería. En 2010 dio el salto al Senado y triplicó su votación y, posteriormente, en 2018, la senadora García se posicionó como la baronesa electoral de Córdoba, siendo la mujer más votada de su partido y del departamento.

En ese momento le regresó el favor a su aliado político Julio Manzur, condenado por parapolítica y procesado ante la JEP, quien la llevó al Congreso en 2006. Para eso puso a su hijo Wadith Manzur como su fórmula en Cámara de Representantes, quien obtuvo la votación más alta en el departamento, pese a no tener ninguna experiencia política. ¿Nos sorprende? No nos sorprende.

Por su parte, Nora García está siendo investigada por sus nexos políticos con los cabecillas paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar.

Volvamos a Camargo. 

El hoy defensor del pueblo inició su carrera como miembro de la oficina del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Eduardo Pretelt Chaljub, condenado por el caso del cartel de la toga. Quizás deberíamos rebautizarlo como de la ruana.

Posteriormente Carlos Camargo Assis ingresó a la Universidad Sergio Arboleda como docente, aunque ya sabemos cuáles son los estándares éticos de esa institución, que devienen de su rector. Por un corto periodo Camargo compartió la institución con el presidente, Iván Duque y con nuestro gran fiscal, de quien podría depender la suerte de Amaya.

En 2018, el valor de la Sergio Arboleda se dejó ver, y gracias al apoyo político y a la influencia directa del presidente Duque, Carlos Camargo Assis fue nombrado como director de la Federación Nacional de Departamentos, FND. Allí se vio involucrado en múltiples acusaciones de corrupción, al hacer uso de los recursos de la entidad para cubrir gastos personales.

No solo eso. Camargo les dio múltiples contratos a familiares de magistrados, que incidían en la elección del siguiente registrador, aprovechando su posición de director de la organización que reúne a los departamentos, pues aspiraba a quedarse con ese puesto.

Pero eso, como diría él, salió mal. 

En ese momento, en agosto de 2019, varios gobernadores se reunieron en Paipa, Boyacá, para expresar su molestia con Camargo, por utilizar los dineros de los departamentos para impulsar aspiraciones personales. Por esos hechos, varios mandatarios pidieron su renuncia. Pero la campana en forma de familia, y de política, o de familia política, lo salvó.

El entonces gobernador Carlos Amaya, esposo de la prima de Camargo, encontró una astuta solución y fue a pedir que Camargo renunciara a su candidatura a registrador, y que le dieran un plazo de dos semanas para presentar un informe de su gestión como director de la FND.

Gracias a ese salvavidas, cual ruana protectora, Camargo pudo tomar un aire momentáneo y desistir de la Registraduría. Pero aterrizando en la Defensoría del Pueblo, a hacer lo mismo. Actualmente hay un escándalo por los casos de clientelismo, en los cuales Camargo Assis nombra en cargos dentro de la entidad a cercanos, concede contratos a personas cuestionadas política y disciplinariamente y a amigos cercanos a su círculo político, incluyendo a personas sin experiencia ni formación suficientes para cada cargo. No salió tan mal para él, pero sí para el pueblo. Y para el país.

Pero los favores no funcionan de un solo lado. No. 

Luego de que Carlos Amaya termina su paso por la Gobernación de Boyacá, es elegido su socio y aliado, Ramiro Barragán Adame, del mismo Partido Verde. No se demoró mucho para que en el cargo de asesor del defensor del pueblo nombraran a José Héctor Barragán Adame, hermano del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame y aliado de Amaya.

Sin embargo, la elección como gobernador de Barragán se vio viciada, ya que Amaya, durante su periodo como gobernador de Boyacá, nombró encargado al entonces secretario general de la Gobernación, Ramiro Barragán, para reemplazarlo durante una de sus varias salidas al extranjero. Dicho nombramiento se dio dentro del periodo que señala la ley como inhabilidad para inscribirse como candidato a elecciones.

Por esta razón, la elección de Barragán Adame fue demandada por nulidad ante el Consejo de Estado. Pero los chalecos salvavidas en forma de ruana, familiares y políticos, entre Amaya y Camargo, volvieron para no dejar ahogar a nadie.

La demanda quedó en manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate, quien había sido una de las beneficiarias de la contratación irregular concedida por Carlos Camargo Assis a su paso por la FND. Este favoreció a Liliana del Rocío Araújo Oñate, hermana de la magistrada Rocío Araújo, con un contrato por 70 millones de pesos.

Como era de esperarse, la demanda de la elección del gobernador Barragán falló a favor del socio de Carlos Amaya, amigo y familiar político de Carlos Camargo Assis. En un proceso durante el cual se presentaron varias irregularidades jurídicas. De nuevo, una situación que evidencia cómo se pusieron las instituciones de ruana, todo para favorecer sus intereses personales y familiares. Nunca antes el concepto de familia política había tenido tanto contexto. Por eso, mejor, deje Assis. 

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