Por: Brahiam Quintana Martínez
Definitivamente el COVID 19 tuvo una afectación directa en la capacidad económica de los hogares, substancialmente en los estratos 1, 2 y 3 de Colombia, país de América Latina donde más gente vive en arriendo según el Banco Interamericano de Desarrollo (2019).
Terminación de contratos, impedimento del ejercicio de actividades informales (no ilegales) y reestructuración o cierre masivo de negocios y empresas hicieron que la clase baja y media de Colombia perdiera sus principales o únicas fuentes de ingreso y, en consecuencia, disminuyeran o perdieran su capacidad económica, llevando a la imposibilidad de asumir los costos de arrendamiento.
Aun cuando primaba la resistencia legal por no terminar los contratos de arrendamiento, y en otros casos no existía este legalismo, a partir de esta crisis socioeconómica, se dio apertura al fenómeno de migración de los ciudadanos a las viviendas de sus familiares y/o a la necesidad de compartir la vivienda con más personas para distribuir el gasto, creando hacinamiento y facilitando la transmisión del virus.
Esta situación se agudizo principalmente en las denominadas periferias urbanas, aquellos lugares que se establecen en los perímetros urbanos donde no existe un acceso satisfecho a las necesidades básicas y se mantiene una baja calidad de vida urbana.
Recurrentemente, las periferias son el sitio de residencia de los ciudadanos dedicados al trabajo informal. Para dar un ejemplo, en Bogotá, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH llevada a cabo por el DANE en el año 2019, el 58% de dicha población vive en arriendo.
Esta situación no es ajena a las demás ciudades del país, por lo cual es necesario realizar modificaciones al programa de arriendo social del Ministerio de Vivienda y Territorio, actualmente dirigido a los afiliados del FNA, y encaminar los esfuerzos de ampliación a un aporte transitorio de arriendo solidario, focalizado y articulado en tiempos de poscuarentena, articulando a los gobiernos locales de distintos municipios, ejemplo de ello lo realizado en Bogotá mediante el Decreto 123 de 2020 durante los pasados meses.
Esta sería una de las soluciones, por parte del sector público, para contratacar el hacinamiento en las viviendas, prevenir la transmisión del virus y ayudar a la recuperación de la capacidad económica en los estratos 1, 2 y 3 que no tienen los recursos como cumplimiento de requisitos, por ejemplo, de cuota inicial, para acceder a la oferta de subsidios actuales.
- Joven Tunjano, Politólogo y Magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de Ciudades en Crisis y Nuevas Políticas Urbanas de la Universitat de Barcelona, Consultoría Política Local y Manejo de Crisis del CAEP–KAS.
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