Santiago Morales representante legal de las victimas de DMG manifestó en una carta a la presidencia de la Republica que «Bajo el entendido de que la Superintendencia de Sociedades es subordinada directa del Presidente de la República y que la dependencia a su cargo tiene como función asesorar y asistir al Presidente, al Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, considero de trascendental importancia exponerle a usted de manera sucinta, la problemática de la ley en cuestión a través de tres reflexiones de carácter jurídico, acompañadas de ejemplos reales de hechos que han sucedido al interior de un caso en el que más de 55.000 ciudadanos incautos víctimas de DMG, han visto vulnerados de manera sistemática sus derechos fundamentales al debido proceso, a la correcta administración de justicia y a la propiedad privada, sin que nada ni nadie pueda impedirlo con el ordenamiento jurídico actual».
Morales no entiende como después de una década el Estado no ha respondido a las victimas de DMG, los liquidadores nombrados a dedo con total autonomía serian los directos responsables.
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